Buenos Aires, 9 al 12 de mayo de 2023
Por Patricia Gainza
La pasada semana, del 9 al 12 de mayo, tuvo lugar en Buenos Aires, la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos (RAADDHH) con la presencia de autoridades de todos los países miembros y asociados del Mercosur.
La Rede Sem Fronteiras (RSF) estuvo presente con dos delegadas, Patricia Gainza, miembro del Comité Ejecutivo e Isabella Roberto, directora del CDHIC, una de las 18 organizaciones de la sociedad civil especializadas en la atención a inmigrantes y refugiados miembros de la red, con sede en cinco países sudamericanos y en dos países europeos. RSF cuenta con una sede técnica en São Paulo, Brasil.
RSF promueve la articulación y el intercambio entre la sociedad civil organizada, las instituciones académicas y los gobiernos con un enfoque en la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.
La participación de Rede Sem Fronteiras estuvo centrada en las reuniones de las comisiones de permanentes de Discriminación, Racismo y Xenofobia y de Género y Derechos Humanos de las Mujeres, así como en los espacios abiertos a la sociedad civil por parte del plenario de la Reunión.
El trabajo en las comisiones permitió la opinión de las organizaciones sociales, donde Isabella Roberto reafirmó en la referida a discriminación, racismo y xenofobia “la necesidad de fortalecer y aplicar de manera plena los acuerdos y normativas vinculadas al Estatuto de Ciudadanía del Mercosur que garantizan la libre circulación de personas entre los Estados Parte, algo sumamente necesario en un momento en que el cierre de fronteras y el recrudecimiento de las políticas migratorias excluyentes y criminalizadoras de la migración, como se ve en varios países de la región, atentan contra la dignidad humana.” Para ello, agregó, que el acceso a la documentación es fundamental para que las personas puedan acceder a sus derechos y libertades fundamentales y eso debe ser una prioridad para todos los países miembros del Mercosur. También es necesario el desarrollo de políticas migratorias locales basadas en derechos humanos que garanticen el ejercicio de la ciudadanía de las personas migrantes y sus familias en la región”.
En el plenario con las organizaciones sociales, RSF hizo un planteo que abordó tres aspectos:
El primero hizo referencia al patrón migratorio de América Latina que ha cambiado en la última década. La región dejó de caracterizarse por tener una migración extrarregional para convertirse en una migración intrarregional, Sur-Sur, con Argentina, Colombia, Chile y Brasil como principales destinos; y con las mujeres y las personas afrodescendientes como principales protagonistas.
El último informe conjunto de CEPAL y OIM que da seguimiento al “Pacto Mundial de las Migraciones para una migración ordenada, segura y regular” (PMM) afirma que hasta el momento se han desplazado hacia el sur más de 9 millones de personas. Este dato no tiene aún eco en la gestión de las políticas públicas de la región ni en los recursos asignados los cuales no han sido adaptados para recibir un volumen tan significativo de personas.
Se hizo hincapié en otros temas concretos y graves existentes en la región como la situación en la frontera entre Chile y Perú así como la situación de la migración venezolana en toda la región.
Para resolver este punto se propuso coordinar estrategias de regularización a nivel regional, garantizar el acceso a los derechos y servicios básicos en la región independientemente del país de origen de las personas, realizar campañas de interés general que deconstruyan la cultura xenófoba, racista y homófoba en la que vivimos. También se propuso coordinar y desarrollar políticas migratorias locales. Se recomendó una mayor consulta a las organizaciones sociales ya que son las que tienen conocimiento acumulado y una clara visión sobre los procesos de cambio y sus repercusiones en las poblaciones.
En un segundo momento, se planteó la necesidad de desarrollar y mejorar los mecanismos de participación permanente de la sociedad civil, en este sentido se retomó la propuesta de institucionalizar otras comisiones permanentes como la de migración, garantizar la participación y la representación, profesionalizar y ampliar garantizando el pluralismo de las mismas.
Por último, se llamó la atención sobre la preocupación de RSF por el retroceso que se viene dando en materia de derechos humanos en algunos países de la región. Un ejemplo de ellos es Uruguay, donde existe un proceso de flexibilización de los derechos laborales de los y las trabajadoras a través del debilitamiento de los consejos de salario; la presencia en la agenda pública de discursos negacionistas sobre la dictadura cívico-militar; la reforma inconsulta de la educación pública; la aparición de nuevas leyes regresivas en materia de infancia como la mal llamada “Ley de tenencia compartida” que fue des recomendada por todos los organismos de derechos humanos a nivel nacional e intencionalidad; el número creciente de casos de corrupción denunciados en el gobierno; la existencia de acciones que atentan contra la libertad de expresión denunciada por periodistas a nivel nacional, las escuchas a los senadores de la oposición, la persecución a maestros y estudiantes sindicalizados y agremiados; el desfinanciamiento del sistema nacional de cuidados; las malas decisiones sobre la realización de obras públicas que llevaron a contar con menos elementos para enfrentar la actual sequía teniendo como consecuencia la pérdida de derechos básicos como el acceso al agua potable, constitucional garantizado, entre otros.
Como resultado del encuentro con las organizaciones sociales en el plenario de la Reunión se aprobó la generación de una comisión en materia migratoria.
En ese sentido la Rede Sem Fronteiras llama a continuar construyendo y vigilando la garantía y el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales de nuestros pueblos en la región.
